El abogado José María Ferreyra de Las Casas explicó en diálogo con Del Cerro Noticias y Radio Giros 96.3 que actualmente se encuentra en trámite la demanda para intentar anular el proceso licitatorio. Señaló que una eventual demanda por daños y perjuicios contra la Municipalidad y funcionarios podría avanzar en una segunda etapa y que el monto todavía no fue determinado.
El doctor José María Ferreyra de Las Casas, representante legal de Patagonia Argentina, explicó el estado del conflicto judicial relacionado con la licitación del servicio de transporte urbano de pasajeros de Comodoro Rivadavia. En diálogo con Del Cerro Noticias y, en simultáneo, con Radio Giros 96.3, sostuvo que actualmente el planteo se encuentra en una primera fase, cuyo objetivo es lograr que la Justicia determine la nulidad del proceso licitatorio.
El abogado precisó que una eventual demanda por daños y perjuicios sería una segunda etapa y que para llegar a esa instancia primero debería existir una sentencia firme y definitiva que anule la licitación. “Cuando se completa la fase uno, que es lograr que la demanda de anulación de la licitación tenga una sentencia firme y definitiva, esa circunstancia va a habilitar la fase dos”, explicó. Según detalló, allí se analizaría un posible reclamo contra la Municipalidad y los funcionarios que hayan firmado y aprobado los actos que eventualmente fueran anulados.
Respecto del monto que podría reclamar Patagonia Argentina, Ferreyra de Las Casas aclaró que todavía no está cuantificado, debido a que dependerá de lo que ocurra si la licitación finalmente es anulada. “Hoy en día no podemos cuantificarlos”, señaló, y explicó que primero deberá conocerse cuál será la decisión de la Municipalidad ante una eventual anulación para determinar cuáles serían concretamente los daños y perjuicios a reclamar.
En cuanto a los fundamentos del planteo judicial, el abogado cuestionó la manera en que se desarrolló el proceso licitatorio y sostuvo que, a su entender, existían distintas alternativas al momento de resolver las impugnaciones presentadas por los oferentes. Explicó que Grupo había impugnado la oferta de Patagonia Argentina y que Patagonia había hecho lo propio con la oferta de Grupo. Según su interpretación, si ambas impugnaciones hubieran sido aceptadas, no habría quedado un oferente válido y debía aplicarse la Carta Orgánica Municipal respecto de la empresa local. También cuestionó la decisión posterior de considerar que Patagonia no cumplía con determinadas condiciones establecidas en el pliego.
Finalmente, Ferreyra de Las Casas sostuvo que, si la Justicia determina la nulidad de la licitación y posteriormente se configuran las condiciones para avanzar con la segunda etapa, Patagonia Argentina podría iniciar el reclamo administrativo correspondiente y eventualmente llevar adelante una demanda por daños y perjuicios. En ese escenario, mencionó como referencia máxima las utilidades que podría generar la licitación durante los diez años previstos, estimadas por la empresa en alrededor de 30 millones de dólares, aunque remarcó que el monto definitivo dependerá de cómo avance el conflicto y de las consecuencias que eventualmente determine la Justicia.
