Sofía Fawer, presidenta de la Biblioteca Popular Sofía, cuestionó la ordenanza presentada en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia que propone modificar la distribución de los fondos del FAEM. Advirtió que una reducción de los recursos destinados a las bibliotecas pondría en riesgo su funcionamiento y destacó los servicios educativos, culturales y sociales que brindan a la comunidad.
Sofía Fawer, presidenta de la Biblioteca Popular Sofía, habló con Del Cerro Noticias y expresó su rechazo a la propuesta de modificar la distribución de los recursos del Fondo de Asistencia Educativa Municipal (FAEM). Según explicó, el artículo 4 de la ordenanza vigente establece que el 80% de la recaudación correspondiente al 1,5% de los impuestos automotores se destina a cooperadoras escolares y el 15% a bibliotecas populares. La iniciativa presentada plantea distribuir esos fondos de manera igualitaria, una medida que, según sostuvo, desconoce las diferencias entre ambas instituciones.
Fawer remarcó que las bibliotecas populares son asociaciones civiles sin fines de lucro que deben afrontar gastos de funcionamiento, como electricidad, gas, teléfono e internet, con recursos propios. En el caso de la Biblioteca Sofía, señaló que la factura de electricidad ronda los 480 mil pesos mensuales y que, al sumar los demás servicios, el costo total se acerca al millón de pesos. A diferencia de las cooperadoras escolares, explicó, las bibliotecas no cuentan con la cobertura estatal de esos gastos y dependen de los subsidios, las cuotas sociales y otros ingresos para mantenerse abiertas.
La titular de la institución también destacó el trabajo social, educativo y cultural que realizan las bibliotecas populares en los barrios. Mencionó la organización de talleres gratuitos, espectáculos, actividades musicales y clubes de lectura, además de la compra de libros para actualizar el material disponible. Asimismo, señaló que ofrecen computadoras y acceso a internet para estudiantes que no cuentan con esos recursos en sus hogares e incluso imprimen trabajos escolares cuando es necesario. Según afirmó, gran parte de estas tareas se sostiene gracias al trabajo voluntario de quienes integran las instituciones.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la información económica utilizada para fundamentar la propuesta. Fawer aseguró que durante una reunión con la Secretaría de Cultura advirtió diferencias entre el saldo bancario atribuido a su biblioteca y el que figuraba en sus registros. Mientras que en la documentación presentada se mencionaban 18 millones de pesos, indicó que el extracto bancario al 30 de septiembre reflejaba un saldo de 2.952.000 pesos. También cuestionó las demoras en los pagos del FAEM: sostuvo que las bibliotecas recibieron durante este año un pago correspondiente a períodos anteriores, mientras que las cooperadoras escolares ya habían percibido dos.
Finalmente, Fawer manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la modificación en las siete bibliotecas populares que funcionan en la ciudad y reclamó que se contemple la realidad económica de cada institución. Además, cuestionó que la propuesta se haya impulsado sin que, según señaló, las bibliotecas fueran informadas previamente, pese a haber mantenido una reunión con la Secretaría de Cultura el 23 de septiembre. La referente insistió en que estos espacios cumplen una función comunitaria fundamental y advirtió que una reducción de los recursos podría comprometer la continuidad de sus actividades y servicios.
